Inversiones en Tucumán: pasar del privilegio a las políticas públicas para impulsar el desarrollo

Un reciente informe de la Fundación Federalismo y Libertad, titulado "Del privilegio a la política pública: hacia un régimen general de fomento de inversiones en Tucumán", expone de manera contundente que en la provincia "la excepción es la regla" en lo que respecta a la atracción de capitales. Este documento subraya la "urgencia de abandonar los regímenes particulares para avanzar hacia un marco general de incentivos productivos, accesible a todo agente que desee invertir en la provincia", destacaron sus autores: Bernabé Salas Arón (Coordinador de Políticas Públicas) y Pablo Pero (Director de Políticas Públicas).

El análisis diagnostica que Tucumán presenta, en términos tributarios, un "entorno cuasi prohibitivo para las inversiones". La práctica habitual es que "ninguna inversión de envergadura se concreta sin antes obtener un régimen fiscal exclusivo". Esta "proliferación de ‘excepciones’ —que en la práctica se han convertido en la regla— pone en manifiesto un fenómeno preocupante". Lejos de fomentar un desarrollo sostenible, esta modalidad "erosiona la confianza del sector privado, perjudica a los actores locales y desalienta nuevos proyectos".

Vale señalar que la Provincia tendió a favorecer con beneficios fiscales e impositivos a determinadas empresas a través de leyes específicas (propuestas tanto por el oficialismo como por la oposición), reavivando la polémica en torno a normas con "nombre y apellido" que sanciona la Legislatura ante la carencia de un régimen integral y amplio para el fomento de las inversiones en nuestro territorio. Hasta el momento, las firmas beneficiadas fueron Pepsi, Quilmes, Transportes Fríos del Norte, la citrícola Veracruz S.A, en tanto que el Parlamento local tiene previsto sancionar en su próxima sesión de la semana que viene una nueva norma para otorgar créditos fiscales a la empresa Food Five Export S.A.

Desde la Fundación se promueve "de manera sostenida la reducción de la carga tributaria provincial como condición necesaria para estimular la inversión privada y el desarrollo económico de la región". No obstante, el informe se enfoca en la transición de un modelo discrecional a uno generalizado y transparente.

Regímenes Generales: casos extranjeros y nacionales

El estudio resalta que la experiencia internacional y los casos de éxito demuestran que los "regímenes de exenciones impositivas generales —diseñados con criterios técnicos y abiertos a múltiples actores— resultan instrumentos eficaces para atraer inversiones en sectores estratégicos o con alto potencial". Países como Singapur, con su Economic Development Board (EDB), lograron una transformación estructural a través de "generosas exenciones fiscales, provisión eficiente de tierras industriales y asistencia técnica integral", atrayendo industrias tecnológicas y cuadruplicando su ingreso per cápita en 25 años. De manera similar, Irlanda, mediante IDA Ireland, se consolidó como un hub tecnológico y financiero con una "política coherente de reducción impositiva, infraestructura tecnológica de calidad y estrategias de atracción directa a multinacionales". Costa Rica, Mauricio, Ruanda y España son otros ejemplos que confirman la eficacia de estos esquemas.

A nivel nacional, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) busca estimular el crecimiento económico y la generación de empleo, sirviendo como un modelo de lo que las provincias podrían adoptar para el desarrollo local.

La situación de Tucumán es aún más preocupante al compararla con el resto del país. El informe es contundente: "En términos de competitividad impositiva nuestra provincia se encuentra en desventaja. Las provincias argentinas exhiben, en promedio, una carga tributaria menor que la de Tucumán. La mayoría de los estudios sobre presión fiscal efectiva ubican a Tucumán en el podio de las jurisdicciones más pesadas".

El documento señala que "son numerosas las provincias argentinas que ya poseen desplegados regímenes de exención o leyes de fomento que apuntan al desarrollo productivo e industrial de sus distritos, estimulando la producción, el empleo y los ingresos".

En la misma región del NOA, la diferencia es abismal:

• Santiago del Estero cuenta hace más de 15 años con el "Sistema Provincial De Promoción y Desarrollo Industrial" (Ley N° 6750).

• Salta posee una serie de leyes adaptadas a las necesidades de grandes complejos productivos.

• Catamarca tiene dos leyes de promoción general actualizadas y una ley de promoción minera vigente desde 1983.

El informe concluye que "en el caso del NOA, todas las provincias, excepto Tucumán, han sancionado leyes generales orientadas a fomentar la inversión y la generación de empleo. Nuestra provincia, en cambio, aún no cuenta con un marco normativo de ese tipo". Además, provincias como Salta, Jujuy, Chubut, Chaco y Mendoza "han comenzado a implementar reducciones impositivas de carácter general, es decir, más allá de los regímenes de promoción vigentes en cada una de ellas".

Camino posible y rentable

A pesar del rezago, Tucumán posee ventajas competitivas significativas: "capital humano calificado, especialización agroindustrial, posición logística estratégica, recursos naturales disponibles". El informe sugiere que la provincia debe "construir una propuesta de valor concreta" enfocada en sectores como "alimentos procesados, tecnologías aplicadas al agro, economía del conocimiento, bioenergía, biotecnología y servicios exportables".

El estudio propone que una política de fomento efectiva "no se limita a beneficios fiscales, sino que debe ser parte de un enfoque integral". Esto implica diseñar un régimen que combine:

1. Incentivos generales previsibles y no discrecionales.

2. Asistencia técnica.

3. Trámites simplificados.

4. Acompañamiento institucional desde la radicación hasta la expansión.

5. Una agencia profesionalizada que actúe como ventanilla única para inversores.

6. Planeamiento territorial.

7. Beneficios fiscales diseñados para recuperar el costo fiscal en el corto plazo y asegurar ingresos sostenibles.

Un ejercicio práctico realizado en el informe demuestra que, incluso si el incentivo consistiera en la devolución del 30% del monto total de la inversión mediante certificados de crédito fiscal (como se ha hecho para casos particulares), el Estado provincial "recuperaría el beneficio fiscal otorgado" en menos de diez años, y posiblemente en cinco años al considerar el impacto multiplicador en el consumo, la dinamización de cadenas productivas y otros tributos.

"Es hora de que Tucumán abandone el paradigma de la excepción discrecional y abrace el de la regla institucionalizada", concluye el informe. Crear un régimen general de promoción de inversiones moderno y competitivo "no solo permitiría equiparar a la provincia con sus pares regionales y nacionales, sino que además abriría las puertas a un nuevo ciclo de crecimiento productivo, generación de empleo de calidad y valorización del potencial tucumano frente al mundo", subrayaron Arón y Pero en su análisis.